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Este martes Miguel Pérez Abad, miembro de la Comisión Presidencial para la reforma de la Ley Órganica del Trabajo, en un nuevo foro con trabajadores del sector petrolero, anunció que la nueva Ley Orgánica del Trabajo se encuentra 70% adelantada, por lo que se espera que el primer borrador de la ley se hará público para el próximo 15 de abril.
“En la comisión hemos construido un consenso sobre algunos temas medulares de esta ley, de acuerdo a la información y a las propuestas que hemos recogido en los encuentros y foros realizados en todo el país. Muy responsablemente debo decir que cada decisión que hemos tomado, está respaldada por un estudio socioeconómico, porque la nueva LOT debe impulsar el aparto productivo del país”, explicó el además Presidente de Fedeindustria.
El esfuerzo de los integrantes de la Comisión Presidencial,es el de garantizar los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero también los de las empresas, “ésta nueva ley debe ser fácil de entender por patronos y trabajadores, fácil de aplicar por las inspectorías y debe ser conciliatoria”, agregó Pérez Abad.
Resaltó el vocero del Movimiento Socialismo Productivo, la importancia de la población para seguir difundiendo su contenido.“Los venezolanos y venezolanas deben apropiarse del texto, ser dueños, motores y difusores para que tengamos al final una ley con justicia social”, sentenció Miguel Pérez Abad.
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Froilán Barrios, integrante de la Coordinación Nacional del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (Fadess), conversó con Noticias24 Radio sobre la propuesta de la Ley Orgánica del Trabajo.
“Lo que se está ofreciendo con la Ley Orgánica del Trabajo es para promover un proyecto político y para cazar votos el 7 de octubre“, dijo el dirigente sindical, quien además aseguró que “el Gobierno ofrece un cuento de hadas atrayendo a los trabajadores con caramelos”.
Explicó que hay una población activa de 13 millones 400 mil personas en Venezuela, de la que 6 millones tienen empleo formal y 7 millones 400 mil son informales o desempleados. “De los 6 millones que están en el sector formal, solo 2 millones 500 mil son empleados públicos y casi 4 millones, en el sector privado”, expresó Barrios.
El dirigente detalló que el panorama con esta propuesta es grave, y por esa razón el centro de los trabajadores es cercenar la actividad sindical y la producción de las empresas. Aparte indicó que “el sector privado continúa siendo el que más emplea a los venezolanos“.
Desde su punto de vista, la LOT debe ser discutida en el seno de la asamblea nacional, para que se haga una ley duradera, porque “si el Presidente de la República la impone, será efímera y durara lo que dure el régimen“.
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Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Vigilancia entregó propuestas para nueva ley. El texto que será aprobado en mayo debe reducir horarios.
Los sindicatos de vigilancia privada que presentaron propuestas para la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) se reunieron con la Comisión Presidencial para formalizar la entrega del documento que elaboraron durante las asambleas con los trabajadores.
Representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Seguridad y Vigilancia Privada (Sutravesevica) dijeron a ÚN que la nueva ley debe eliminar el período de prueba porque, según explicaron, en el sector de la vigilancia "muchas veces las empresas se agarran de ahí, contratan a un personal por un tiempo menor de los tres meses o hasta los 90 días, los despiden y luego buscan otros trabajadores". Consideran que esa rotación es una forma de explotación, pues "así el trabajador no puede disfrutar de ningún beneficio".
Rubén Márquez, presidente de Sutravesevica, Manuel Rojas, secretario general, y Carlos Pérez, secretario de finanzas, ampliaron que para el nuevo marco legal la petición en que hacen énfasis los trabajadores de vigilancia es para que se elimine "la perversa jornada del 24 por 24, por ser una de las más claras prácticas de explotación para un trabajador, pues trabaja todo el día, toda una noche y supuestamente tiene un día libre".
Como ejemplo, explicaron que un vigilante trabaja desde la 7:00 am, todo el día y sigue toda la noche hasta la 7:00 am del siguiente día. Ese día, el vigilante no va al trabajo porque es su día libre; "pero en realidad no es así, lo que está haciendo es adelantar la guardia y nunca está libre, porque el supuesto día libre no lo disfruta, porque lo toma para descansar y empezar de nuevo la jornada del 24 por 24".
Añadieron que en ese horario se demuestra la explotación claramente "porque en el horario de 24 por 24 las empresas deben usar tres vigilantes y usan dos".
Agregaron que con esa jornada también se desconoce el beneficio del cestaticket, pues por "el redoble" que hacen sólo les da un cestaticket y a "los vigilantes que hacen esta jornada les deben dar 30 cestraticket y les dan 15 nada más".
Los representantes sindicales recalcan que con la jornada del 24 por 24 los vigilantes no disfrutan de un fin de semana libre completo, pues con la rotación "tienen en una semana un sábado libre, pero el domingo no; y la siguiente semana, tienen el domingo libre, pero el sábado no".
Para el sector, esa jornada extensiva debe ser la primera en ser eliminada si se trata de hacer una ley del trabajo humanista, donde prevalezca el derecho al trabajo, pero en "condiciones dignas".
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La entrada en vigencia de una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) el próximo 1 de mayo es una decisión que no tiene "vuelta atrás" para el Gobierno, a pesar de que a casi un mes de su promulgación el sector laboral desconoce la redacción del documento.
Carlos López, integrante de la Comisión Presidencial para la Ley Orgánica del Trabajo, destacó que los esfuerzos están concentrados en la elaboración de una nueva legislación que entre en vigencia el 1 de mayo.
No obstante, acotó que no está descartada que alguna "área neurálgica" pudiera ser diferida en su aplicación inmediata. "Pudiera haber alguna disposición transitoria de alguna área neurálgica que se defiriera su aplicación, eso lo acordarán la comisión y el Presidente de la República", destacó sin precisar mayores detalles de cuál sería un aspecto sobre el que se consideraría una vacatio legis para su aplicación.
Actualmente, la Comisión Presidencial para la LOT, con apoyo de la Central Bolivariana de Trabajadores, desarrolla la segunda fase de consulta pública sobre 12 áreas temáticas, que tienen que ver con las prestaciones sociales y el regreso de la retroactividad, la jornada laboral, preinscripción de las cláusulas de los tribunales, inamovilidad laboral, fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, fraudes de las relaciones laborales (tercerización), protección del empleo, salarios y prestaciones, regímenes especiales (empleo juvenil, amas de casa, personal doméstico, vigilantes, pilotos, marineros y pescadores de altura), la organización de los trabajadores, educación y formación de los trabajadores, y la protección a la familia y a la maternidad.
López indicó que la consulta se extenderá hasta el 23 de abril, cuando se espera tener listo un proyecto definitivo que será dado a conocer luego a los trabajadores.
Vale recordar que los propios integrantes de la Comisión Presidencial para la LOT han manifestado que, a más tardar el 15 de abril, el Presidente Hugo Chávez tendrá en sus manos el proyecto definitivo de la ley. De hecho, ya hay una propuesta adelantada, según el primer mandatario nacional, quien ayer adelantó que desde hace dos semanas tiene en su poder un borrador de la normativa laboral, al que se le incorporarán nuevas actualizaciones, "para ir tomando decisiones rumbo a la nueva ley del 1 de mayo".
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El esquema actual de prestaciones es el "fantasma" que le sale a la nueva LOT. La Comisión Presidencial que diseña la "nueva" Ley Orgánica del Trabajo (LOT) parece no encontrar salida para que un régimen retroactivo cabalgue solo.
Por lo que los "derechos adquiridos" en el sistema vigente son el fantasma que frena el avance en esta instancia.
La otra promesa, que era reducir la jornada laboral, ya consiguió una primera vía de escape en el caso de los trabajadores del comercio, los servicios, el campo, la pesca y la vigilancia privada. El resto del articulado tiene soluciones simples de ajuste y acuerdo.
En cuanto a las prestaciones, el canciller Nicolás Maduro, coordinador de esta instancia, ha dicho que "hay una disposición constitucional de construir un nuevo régimen sobre la base del recálculo según el último salario y de acuerdo con el tiempo de servicio del trabajador, además hay un conjunto de derechos adquiridos en los sistemas de prestaciones anteriores, e incluso en el vigente, vamos a buscar la fórmula constitucional que preserve los derechos adquiridos y desarrolle los nuevos".
Para resolver el dilema central, un régimen de prestaciones que retorne al "cálculo retroactivo", y además mantenga la cantidad de días que ofrece el vigente y sobre todo la garantía de pago, pues el empleador está en la obligación de depositar en una cuenta individual cinco días de salario por mes, la ex ministra del Trabajo de Caldera, María Bernardoni, junto a un grupo de expertos, envió una propuesta a la Comisión.
En ella plantean mantener el régimen actual de 45 días el primer año, 60 a partir del segundo y un acumulable de dos días por año hasta sumar otros 30 días de prestaciones y llegar a 90 a los 16 años de servicio, pero proponen que al término de la relación laboral al trabajador se le calcule su antigüedad sobre la base de 30 días por año con retroactividad.
Esto implica que el empleador hará un recálculo de 30 días por año al último salario, y a lo acumulado le sumará la diferencia que genere este recálculo por cada año. El primer año 15 días se pagarían a salario del año y 30 días según el que perciba en el último año de servicio; a partir del segundo, 30 se pagarán al salario del año y los otros 30 con retroactividad, y así hasta llegar a 90 días, donde 60 días serán pagados al salario de cada año y 30 días se recalcularán sobre la base del último salario devengado.
Para Bernardoni esta es una propuesta seductora y equilibrada. El empleador solo paga la diferencia, y el trabajador no pierde nada, sino que "gana más". ¿Qué sistema conviene más?
Desde su experiencia, Bernardoni asegura que salarizar el sistema actual y sobre eso hacer el recálculo de 60 días de prestaciones retroactivo es "impagable tanto para el patrón privado como para el Estado".
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El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que si la nueva Ley Orgánica del Trabajo devuelve el carácter retroactivo de las prestaciones sociales será “perjudicial” para el sector empresarial del país.
Según declaraciones reseñadas por el diario El Impulso, para León el regreso del beneficio que le fue quitado a los trabajadores durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, es “terriblemente ineficiente” porque a su juicio, generará “problemas en el desarrollo y la evolución económicas a largo plazo”.
“Esto no es negociable”, puntualizó el presidente de Datanálisis, durante un foro denominado “Perspectivas Económicas”, organizado por Ecoanalítica.
Los argumentos esgrimidos por León son los mismos planteados hace 15 años por las cúpulas empresariales y sindicales de Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) junto a Cordiplan para eliminar ese beneficio para la clase obrera, que prevé retomarse con la promulgación de una nueva LOT el próximo 1º de mayo.
En 1997, los empresarios alegaban que pagar la retoractividad “sobrepasaba la realidad del país” y lograron imponer una reforma que eliminaba esa conquista de los trabajadores.
Ese año el ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, justificó la eliminación del beneficio alegando que "ayudaría" a la generación de empleo y "estimularía" al aparato productivo.
Sin embargo, los indicadores al cierre de ese año dijeron lo contrario. Los índices al cierre de 1997 mostraban un decrecimiento económico del país en 4,8%, un salario mínimo por debajo de los 100 mil bolívares, que sólo permitía adquirir 22,94% de la canasta básica, y una tasa de desempleo que superaba el 12%.
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Conindustria asegura que el Gobierno nacional debe propiciar una verdadera discusión para que el texto legal sea "moderno" y que propicie la "competitividad y la creación de empleo".
Carlos Larrazábal, presidente de la Condeferación Venezolana de Industriales (Conindustria), aseguró que en el mundo empresarial existe una "fuerte preocupación" por la inminente aprobación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
"La LOT es la segunda ley más importante después de la Constitución, tiene que aprobarse en un diálogo social y el diálogo social no es que se estén recibiendo propuestas", afirmó Larrazábal en el marco de la 42 Asamblea Anual de Consecomercio, que se está celebrando en Maracaibo.
El directivo indicó que el Gobierno nacional debe propiciar una verdadera discusión para que el texto legal sea "moderno" y que propicie la "competitividad y la creación de empleo".
Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, también manifestó que la LOT debe debatirse abiertamente y no en un "claustro".
"Una ley orgánica no puede ser dictaminada por el presidente de la República (...) Tenemos propuestas pero no las vamos a hacer públicas a menos que esto se discuta".
Botti destacó que a un mes para que entre en vigencia ni siquiera se conoce algún documento oficial elaborado por la comisión presidencial.
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Pese a las peticiones de algunos sectores para que se dé un amplio debate de la ley, incluso que se legisle desde la Asamblea Nacional, los encargados de redactar el proyecto aseguran que no habrá vuelta atrás, por ser ésta una deuda del Gobierno con el sector laboral desde hace más de una década.
Los integrantes de la Comisión Presidencial para la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) sostuvieron ayer un nuevo encuentro, el segundo de la semana, que permitió avanzar en la revisión del proyecto que entregarán después de Semana Santa al Presidente Hugo Chávez.
En el encuentro, que se desarrolló desde horas de la mañana en la Casa Amarilla, se evaluó también el cronograma de actividades. Está previsto que esta próxima semana comience la segunda fase de consulta pública, para dar a conocer las líneas generales del proyecto de ley. Por cuestiones de tiempo está descartado un debate de artículo por artículo. En esta etapa también se aceptarán las sugerencias que surjan de los trabajadores. De hecho, la primera fase de recolección de propuestas se mantendrá hasta el 31 de marzo.
Hasta ahora distintos sectores han participado en la consignación de planteamientos, aunque otros han preferido abstenerse por considerar inconstitucional que sea el Ejecutivo el que apruebe la ley vía Habilitante. Según los cálculos de la Central Bolivariana de Trabajadores, que ha trabajado en conjunto con la Comisión, se están revisando 19 mil propuestas (12 mil eran las que tenía la Asamblea Nacional).
A la comisión le quedan exactamente dos semanas para entregar una propuesta definitiva al Jefe de Estado, pues sigue en pie el objetivo de promulgar una nueva ley el 1 de mayo.
Pese a las peticiones de algunos sectores para que se dé un amplio debate de la ley, incluso que se legisle desde la Asamblea Nacional, los encargados de redactar el proyecto aseguran que no habrá vuelta atrás, por ser ésta una deuda del Gobierno con el sector laboral desde hace más de una década.
Entre los temas que se plantearán a los trabajadores destacan la estabilidad laboral, lo relacionado con la tercerización, responsabilidades de los patronos, la incorporación de los consejos de trabajadores y la libertad sindical, entre otros.
El esquema de cálculo de la retroactividad de las prestaciones sigue sin definirse. Aunque se ha adelantado sobre la aplicación de un sistema híbrido, lo cierto es que la decisión gira en torno al impacto fiscal y los gastos que generará la devolución a la retroactividad. Los propios integrantes de la comisión han manifestado que el esquema que se elija debe ser "cumplible" tanto para el Estado como para las empresas privadas. De allí, que todavía continúan explorando distintas opciones.
Otro asunto pendiente es el monto que adeuda el Gobierno a los trabajadores públicos por pasivos laborales. Los encargados de evaluar este asunto no han dado conocer a la luz pública a cuánto asciende el monto. Se conoce la idea que asomó en noviembre el presidente Chávez de honrar los compromisos a través de petrobonos.
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El coordinador de la comisión presidencial que trabaja en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Nicolás Maduro, indicó que han revisado temas como los sueldos y la jornada laboral
El nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) prevé eliminar la tercerización y proteger los derechos sociales de los trabajadores, informó el coordinador de la comisión presidencial que trabaja en el proyecto legal, Nicolás Maduro.
Al término de una reunión de la referida instancia con trabajadores y diputados de la Asamblea Nacional, realizada este miércoles en la Vicepresidencia de la República, en Caracas, explicó que revisaron temas fundamentales como el nuevo régimen de prestaciones sociales, los sueldos y salarios, la jornada laboral y las nuevas relaciones de trabajo.
En declaraciones dadas a Venezolana de Televisión, dijo que a ello estiman sumar la formación y organización de los trabajadores en el contexto de la Gran Misión Saber y Trabajo.
"Se le ha informado al vicepresidente de la República, Elías Jaua, de esta jornada. Vamos a cumplir un plan en su fase concluyente, que tiene que ver con la consulta y los debates de la ley con los trabajadores y el pueblo", expresó el también canciller de la República.
Precisó que abril presentarán las conclusiones derivadas de las propuestas al presidente de la República, Hugo Chávez, y a los venezolanos.
"Estamos trabajando y debatiendo con el pueblo para construir una normativa legal que proteja los derechos, la estabilidad y el derecho al trabajo", reiteró.
A la fecha, se han presentado cerca de 19.000 propuestas para la nueva LOT que promulgará el Jefe de Estado venezolano el 1º de mayo próximo, vía habilitante.
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Froilan Barrios dice que se está jugando con el empleo. El representante del Fadess dijo que la próxima semana acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de amparo para que la reforma de la LOT sea después de las elecciones del 7 de octubre.
A poco más de 40 días de que sea promulgada por el Ejecutivo la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista, informó que la próxima semana introducirán un recurso de ampara ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se suspenda la reforma a la ley.
Barrios, también miembro del Frente para la Defensa del Empleo, Salario y Sindicatos (Fadess), considera que la discusión de la LOT debería darse después de las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. "Se está jugando con el empleo de la gente", dijo en Unión Radio.
Agregó que con la reforma en la LOT se busca imponer a los consejos de trabajadores para aplacar los sindicatos.
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Los más afectados, a juicio de Larrázabal, serán los trabajadores informales.
La nueva Ley Orgánica del Trabajo que discute una Comisión creada por el presidente Hugo Chávez dificultará más la oferta de empleos formales en el país, advirtió el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Carlos Larrázabal.
Los más afectados, a juicio de Larrázabal, serán los trabajadores informales y desempleados, ya que se encuentran excluidos de la discusión de la legislación laboral en la que no se crean mecanismos para reglamentar la economía informal que representa a 41% de los trabajadores del país.
El empresario considera que en la carencia de una norma que propicie la competitividad, cada vez habrá menos producción en el país, así como una disminución en la cantidad de empleos formales y "el venezolano deberá limitarse a trabajar en una misión, como funcionario público, pero no desarrollar su propia actividad para el futuro".
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El integrante de la Comisión Presidencial que redactará la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), Antonio Espinoza Prieto, aseguró que se instaló formalmente la comisión y cree que hacia la segunda semana de abril se podrá comenzar a ensamblar las propuestas de la nueva LOT
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El diputado de la Asamblea Nacional, Alfredo Ramos, declaró que existe un “desconocimiento” en cuanto al contenido que ha dado el Gobierno Nacional a la discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, “nadie conoce los alcances, los artículos de la LOT son un misterio, un secreto bien guardado”, refutó.
Resaltó que la Constitución establece competencia a la AN para discutir la reforma de la LOT en sus dos aspectos “prestaciones sociales y reducción de la jornada, argumentó que la LOT debería ser producto del mayor consenso posible entre los diferentes actores de la sociedad venezolana, sin embargo, nuevamente el gobierno desconociendo las organizaciones sindicales de base, sin tomar en cuenta a los que piensan diferente al gobierno, están elaborando una ley a espalda de los trabajadores y organizaciones sindicales”.
Indicó que esta legislación necesita un debate mucho más amplio, indicó que la bancada de oposición y otras fuerzas laborales han propuesto la reducción de la jornada solamente para aquellos trabajos de alto riesgo.
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El diputado a la Asamblea Nacional por el Psuv, Oswaldo Vera, se refirió a los avances que se realizan en el Parlamento en torno a la reforma de la Ley del Trabajo. Con respecto a la fecha de promulgación de dicha normativa legal, Vera señaló que “una vez que los trabajadores salgamos a la calle -el primero de mayo-, el Presidente promulgará la Ley y, a partir allí, entrará en vigencia”.
Resaltó que el tema de la nueva institucionalidad es fundamental en el nuevo instrumento legal, “la capacidad de hacer cumplir la ley ha sido uno de los puntos fundamentales, ahí hay un proceso de adaptación de lo que sería la nueva institucionalidad del Ministerio del Trabajo, que pueda cumplir las funciones fundamentales, de control, vigilancia y decisión en un momento determinado”.
Por otro lado, cuestionó que se critique esta propuesta de Ley, ya que a su juicio, esta permite la inclusión de diversos sectores. Hizo mención a los cuestionamientos por parte de Fedecámaras.
“La oposición se va a oponer a cualquier elemento que haga el Gobierno revolucionario”
Elementos resaltantes del instrumento legal El nuevo instrumento legal incluirá lo referido a las prestaciones sociales de los trabajadores. “Un plan que tenemos para garantizarle a los empleados y funcionarios públicos el pago de la deuda de los pasivos laborales es la creación de un fondo para que más nunca un trabajador tenga que pasar años sin el pago de sus prestaciones sociales”, sostuvo.
Mediante este instrumento legal se crearán los consejos de trabajadores como mecanismos de organización diferente a los sindicatos, y que tendrán que ver con el control, la lucha contra el fraude, la tercerización “que se ha utilizado en algunas empresas (públicas y privadas) para evadir las responsabilidades con los trabajadores“.
Esta ley no abarca sólo a los trabajadores que tengan una relación directa con una empresa, también incluye a los campesinos, pescadores, trabajadores por cuenta propia, amas de casa.
El Diputado informó que aún se está estudiando cómo será la reducción de la jornada laboral. “Estamos haciendo los niveles de cuantificación, hay propuestas en diferentes sentidos, que van desde la reducción diaria a la semanal”, recordó.
Finalmente, señaló que el próximo 17 de marzo se va a efectuar un encuentro entre dirigentes sindicales para presentar el conjunto de medidas que se han propuesto hasta ahora.
Estas declaraciones fueron emitidas durante su participación en el programa Al Descubierto, que transmite Venevisión.
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Sugieren la presentación de los escenarios de inflación a cinco años para determinar el esquema de prestaciones
Mayela Armas H. ElUniversal
El Gobierno asegura que para el 1 de mayo de 2012 estará lista la reforma de la Ley de Orgánica del Trabajo, que incluirá la vuelta al esquema de retroactividad de las prestaciones sociales, pero la entrada en vigencia de ese nuevo régimen dependerá de los costos fiscales.
La Comisión Presidencial que se encarga de la modificación de la ley ya ha avanzado en parte de su contenido y en papeles de trabajo se han incluido aspectos como la igualdad de salarios, los ajustes al sistema de seguridad social, entre otros puntos, sin embargo, el esquema de prestaciones sociales continúa en discusión.
Fuentes oficiales señalan que la retroactividad tendrá un impacto fiscal y ante los costos que generará, los técnicos que participan en las reuniones de la Comisión han sugerido otorgar una vacatio legis al nuevo régimen de prestaciones para que el mismo entre en vigencia a partir de enero de 2013 y no en mayo de este año.
La intención es evaluar las disponibilidades y tener así un margen de maniobra con los efectos fiscales.
Además de los costos, las fuentes apuntan que durante las discusiones se ha planteado la presentación de escenarios macroeconómicos a cinco años. Agregan que se ha pedido con urgencia la presentación de las proyecciones de inflación, dado que ello permitirá determinar cuál modelo, de los estimados para la retroactividad, resultará más conveniente para los trabajadores.
Las fuentes oficiales aseveran que el comportamiento de los precios impacta fuertemente en el nuevo sistema.
En la Comisión Presidencial se manejan varios escenarios para el régimen de prestaciones. Y entre las opciones se encuentra la de mantener el modelo actual, que establece el depósito de cinco días de sueldo promedio al mes en un fideicomiso, y cuando termine la relación laboral se aplicaría el cálculo de las prestaciones, sobre la base de 30 días por cada año de servicio y de acuerdo al último sueldo devengado.
Si el resultado supera al total depositado en el fideicomiso, se debería cancelar la diferencia al trabajador.
Voceros gubernamentales han indicado que la reforma tiene como objetivo combinar las bondades del sistema actual con el nuevo esquema y han agregado que la intención es buscar un equilibrio.
Pendiente
Cuando se anunció la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo en noviembre del pasado año, el primer mandatario también indicó que se pagarían los pasivos laborales, que se generaron por el cambio en el cálculo de las prestaciones en 1997.
Para efectuar los pagos de esas obligaciones se tienen que cuantificar las deudas, y ese proceso, señalan fuentes oficiales, sigue sin culminarse.
El Ejecutivo Nacional contempla un plan general de pagos que abarque a la administración centralizada y descentralizada (gobernaciones y alcaldías) y para ello las instituciones tienen que entregar los datos sobre las deudas. Fuentes oficiales señalan que persisten los atrasos con la presentación de la información.
Los despachos de Educación y Salud continúan siendo los entes con más retrasos en la notificación de los pasivos laborales, y en esos dos sectores es donde se concentra la mayor parte de las deudas.
En un informe entregado por el Gobierno a la Comisión de Valores de EEUU en 2011, el Ministerio de Finanzas dijo que la cifra preliminar de pasivos rondaba Bs 24 millardos, monto que está sujeto a revisión.
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por Globovision Mundo, economía y negocios: ¿Qué trae la nueva Ley del Trabajo?
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El diputado a la Asamblea Nacional y abogado laboralista, Richard Arteaga, explicó detalles sobre la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo. “Lamentablemente el Gobierno tomó el camino de una comisión presidencial sin llevarla a la Asamblea Nacional”. Arteaga considera que lo más viable era que se discutiera esta Ley entre los patronos, los trabajadores y el Gobierno. “Eso era lo lógico que sucediera en una reforma tan importante de una Ley que va a regir los destinos de quienes tienen empleo, pero también para los que tienen esperanzas de tener un empleo”.
Destacó que “muy poco se conoce con relación a la profundidad de la propuesta por algunas vías nos hemos enterado, pero no de manera formal”.
Señaló que en ella se pretende la creación de unos bonos para los empleados de la administración pública. “Esto viene a garantizar lo que es el pago de las prestaciones de quienes están en el sector público central, pero no incluye a los entes descentralizados como alcaldías y gobernaciones”.
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Osvaldo Vera, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la comisión presidencial encargada de elaborar la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), afirmó que en foros y debates con los trabajadores sobre la nueva ley laboral se ha señalado la necesidad de cambiar el papel del Ministerio del Trabajo.
En este sentido aseveró que en la nueva norma laboral cambiará el papel del Ministerio del Trabajo en las relaciones laborales. Precisó que cesará el rol de arbitraje que se le atribuye en la norma vigente, es decir, que "dejará de ser neutral" y se pondrá al servicio del trabajo y no del capital, además de que facilitará y promoverá la organización de los trabajadores.
Vera informó que está previsto establecer en la ley la creación de un fondo para garantizar el pago oportuno de las prestaciones sociales que se nutrirá con 3% de regalías petroleras y aportes de empresas públicas y privadas.
"La idea es crear un fondo para cuando un trabajador salga por diferentes circunstancias jubilado, pensionado, despedido o retirado y pueda contar en un tiempo expedito con el pago de sus prestaciones".
Informó que en la norma, a petición de los trabajadores, habrá una prohibición expresa y sanciones a quien utilice mecanismos de fraude a la ley, simulación y tercerización en la contratación de trabajadores.
Dijo que se han hecho propuestas de aplicar, hasta sanciones penales a quien incumpla la LOT.
Informó que no está definido de cuánto tiempo será el aumento del período prenatal y posnatal, sin embargo aseveró que "hay un planteamiento fundamental de aumentar estos reposos a favor de la madre trabajadora y el niño".
"Lo que sí está claro es que vamos a avanzar en la protección de la familia y la niñez. Sin embargo, es importante señalar que la ley no es un contrato colectivo, no todo se puede contemplar allí, para eso están los contratos colectivos".
Vera ratificó que en la nueva Ley Orgánica del Trabajo se eliminará el despido injustificado y se incluirá la figura del despido írrito. Dijo que para la aplicación de la norma se establecerán inspectorías de estabilidad.
ACTO EN LA PLAZA BOLÍVAR El parlamentario dijo que aunque hay criterios consensuados en la comisión sobre los aspectos que serán incluidos en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, la redacción del primer papel de trabajo arrancará con un acto el próximo 17 de marzo. La actividad se realizará en la Plaza Bolívar de Caracas y contará con la presencia de trabajadores de todos los estados del país.
"Se han venido efectuando reuniones, asambleas en los centros de trabajo para recibir propuestas. Esta etapa culmina el próximo 17 de marzo en un evento que vamos a tener en Caracas. A partir de allí comienza la elaboración del papel de trabajo".
Agregó que esa primera redacción "vuelve a consulta" a finales de marzo y principios de abril "para culminar, producto de esa consulta, el documento final que se le llevará al presidente Hugo Chávez", quien se comprometió a firmarlo el próximo 1º de mayo.
"Lo que podemos garantizar es que tendremos la ley orgánica más discutida y debatida y una ley revolucionaria".
El también dirigente sindical afirmó que Venezuela no es el único país en el mundo que actualmente revisa su ley laboral. Dijo que en España se está reformando la norma "pero para reducir salarios y beneficios".
"En Venezuela tendremos una ley hecha por los trabajadores que es progresiva y le da el papel protagónico y participativo a ellos".
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Aseguran que antes de abril estarán sistematizadas más de 15 mil propuestas
A cuatro meses de haber sido designada la Comisión Presidencial para la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), no se ha instalado oficialmente el grupo que definirá el proyecto que debe estar en manos del Jefe de Estado en abril próximo.
Sin embargo, para Wills Rangel, presidente provisional de la Central Bolivariana de Trabajadores y miembro de la Comisión Presidencial, esta situación no impedirá que en tres o cuatro semanas dicha Comisión termine de engranar el contenido de la nueva ley.
Indicó que se han dado reuniones por separado entre los integrantes de la Comisión y algunos han adelantado el trabajo con despliegues en todo el país para recolectar propuestas y atender las inquietudes de los trabajadores, con apoyo de la Central Bolivariana de Trabajadores.
Rangel no precisó mayores detalles del material ensamblado aunque, en enero, el diputado Francisco Torrealba estimaba en 64% la labor adelantada.
En total han recibido más de cuatro mil propuestas que, junto a las 12 mil que reposan en la Asamblea Nacional, serán sistematizadas en un proyecto. El proceso de recolección se extenderá hasta el 30 de marzo.
El dirigente laboral exhortó a la clase trabajadora a tener confianza en que el 1 de mayo será promulgada una nueva ley laboral, ajustada a los principios socialistas.
La Central Bolivariana de Trabajadores realizará el próximo 17 de marzo una actividad en la plaza Bolívar de Caracas con miembros de la Comisión Presidencial para la LOT, para recolectar propuestas y juramentar a 24 federaciones de trabajadores regionales.
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El diputado de la AN Alfredo Ramos acudió al TSJ para pedir celeridad en la decisión sobre un recurso de amparo interpuesto, en el mes de noviembre, con respecto a la reforma de la Ley del Trabajo, con el propósito que la discusión del nuevo instrumento sea amplia.
Ramos expresó que luego de tres meses el TSJ “no ha hecho nada” con respecto a su solicitud.
Denunció que no es posible que se tenga detrás de bastidores esta Ley y que haya un misterio sobre su discusión.
El diputado aspira que se produzca un intercambio amplio entre trabajadores, empresarios y el Gobierno para la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.
Esperan por el TSJ para restituir derecho parlamentario sobre la LOT ElUniversal.com
El diputado por la Causa R, Alfredo Ramos, indicó que desde noviembre el máximo tribunal del país no ha dado respuesta a un recurso de amparo, que solicita que se restablezca el derecho del Parlamento de discutir la Ley Orgánica de Trabajo.
El diputado por la Causa R, Alfredo Ramos, miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir celeridad al recurso de amparo que introdujo en noviembre para que se restablezca la discusión de la Ley Orgánica de Trabajo al Parlamento.
Recordó que la disposición número cuatro transitoria de la Constitución es clara al señalar que corresponde a la Asamblea Nacional hacer una reforma a la LOT, que regrese a los trabajadores la retroactividad de las prestaciones y aplique una reducción progresiva de la jornada laboral.
"A tres meses, el TSJ no ha hecho nada sobre el amparo constitucional. Seguimos denunciando que la elaboración de la LOT es competencia exclusiva del parlamento y no del patrono mayor como lo es el Ejecutivo nacional", aseveró.
El dirigente por la Causa R denunció que la Comisión Presidencial para la LOT es "un parapeto que hasta ahora ni siquiera se han reunido, según algunos de los voceros que la integran. La nueva LOT es el secreto mejor guardado del Gobierno Nacional, ya que absolutamente nadie sabe que contiene", reseña una nota de prensa.
Ramos indicó que en los próximos días la organización política Causa R, acompañada de diputados de la Mesa de la Unidad, llevará un conjunto de propuestas ante la AN para la reforma puntual de la Ley Orgánica del Trabajo, entre ellas el regreso de la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores, reducción de la jornada laboral única y exclusivamente en trabajos de altos riesgo, elevar el pre y post natal así como el número de días en las utilidades, vacaciones y bono vacacional, eliminar la tercerización del sector público y privado del país, al igual que reducir la jornada laboral de la vigilancia privada.
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El drama laboral padecido en Venezuela es que los dos sistemas han colapsado, ya que uno es recíproco al otro
Voceros de la Comisión Presidencial para la Reforma de la LOT han venido incluyendo como tema la Seguridad Social en el ámbito de la nueva normativa laboral, siendo un aspecto que está relacionado pero que debiera ser tratado por separado en su contexto. La LOT está para administrar, regular las relaciones de trabajo y el diálogo social entre empleadores, trabajadores y Estado; el objetivo de la Seguridad Social es garantizar la salud y las contingencias previstas en el artículo 86 de la CRBV, donde la cotización del trabajador, el aporte patronal privado y público son fundamentales.
El drama laboral padecido en Venezuela es que los dos sistemas han colapsado, ya que uno es recíproco al otro. Las condiciones trágicas del sistema de relaciones de trabajo todos las conocemos, para un 85% de la Población Activa es inaccesible obtener la canasta básica, complicado todo ante un Estado violador de convenios colectivos. Siendo origen de los miles de conflictos laborales anuales presentes en la geografía nacional.
En el caso de la Seguridad Social el cuadro es apocalíptico. A un trabajador del Sector Público el descuento salarial es de 12% a saber: Fondo de Pensiones y Jubilaciones 3%, Régimen Prestacional de Empleo 0,5%, Ley de Vivienda y Hábitat 1%, Seguro Social Obligatorio 4%, aporte HCM 3,5%. Porcentaje que aumentará al afiliarse a seguros funerarios, cajas de ahorro, cuota sindical, montepío y el descuento anual de 0.50 % de las utilidades para el INCES.
El quid del asunto radica en el acceso efectivo a todos estos fondos. Veamos el Fondo de Pensiones y Jubilaciones es un secreto bien guardado, existe desde inicios de los 90 para garantizar la jubilación al Funcionario Público y hoy a 22 años de creado no existe el primer pensionado por esta institución; el Régimen prestacional de Empleo creado en 2005 hoy no ha otorgado subsidio alguno a trabajadores despedidos; En materia de vivienda quien haya obtenido un crédito es un extraterrestre, una ínfima minoría, entre tanto se desconoce el destino de los fondos por política habitacional desde los 90; siendo la hecatombe el Seguro Social prestador directo del servicio de Salud y Pensiones, su crisis terminal no es nueva, agravada desde mediados de 1980 se ha multiplicado en el siglo XXI, a tal punto que en los contratos colectivos del sector público y privado siempre es reconocida la famosa cláusula de HCM, prestación del servicio de salud por el sector privado ante la ineficiencia del SSO.
En resumen el Estado le descuenta mensualmente al trabajador 12%, porcentaje que aumenta según sea el monto de la póliza contratada, y no le revierte en absoluto ningún servicio de calidad al usuario, aún cuando recibe un 15% adicional por aportes patronales. Debiendo el esmirriado bolsillo del trabajador sufragar los servicios necesarios para una mínima calidad de vida. Si a este cuadro dantesco le agregamos el IVA al 12%, SENIAT e impuestos municipales evidentemente estamos frente a un Estado depredador y un trabajador en la miseria.
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Entregaron a los diputados propuestas para la reforma laboral eluniversal.com
El Consejo Nacional de Trabajadores de la Vigilancia consignó ante la Asamblea Nacional un documento con una serie de propuestas del sector para ser incluidas en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
Entre los planteamientos destacan la reducción de la jornada laboral, la conformación de organizaciones laborales que atiendan las necesidades de los trabajadores y la inclusión de modelos productivos para que los vigilantes puedan emprender una empresa de producción social.
José Castillo, coordinador institucional de la organización, destacó la necesidad de que se ajuste el artículo 198 de la actual LOT con el artículo 90 de la Constitución, para buscar una igualdad en la jornada laboral. Argumentó que actualmente los vigilantes están expuestos a horarios de 12 y 24 horas.
Explicó que desde hace seis meses vienen analizando las propuestas, que cuentan con el respaldo de ocho mil trabajadores de la vigilancia de todo el país.
Los diputados Juan Carlos Alemán y Francisco Torrealba, también integrante de la Comisión Presidencial para la LOT, fueron los encargados de atender a una representación del Consejo Nacional de Trabajadores de la Vigilancia. Se coordinó una reunión el 20 de marzo con el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Oswaldo Vera, para exponer las necesidades del sector.
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La Comisión Presidencial que realiza la nueva Ley Orgánica del Trabajo informó que en la normativa legal que el Presidente prometió firmar el próximo 1º de mayo “se producirá la eliminación de los cupos sindicales”, según publica el diario Ciudad CCS.
“Se elimina el cupo sindical, se le quita a los sindicatos. Los empleadores públicos o privados que necesiten personal deben entrar en un registro donde están los trabajadores que quieran optar por un empleo”, dijo Carlos López, coordinador general de la Central de Trabajadores Socialistas de la Ciudad, el Campo y la Pesca, y miembro de la comisión que redacta la nueva LOT.
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Aunque el Presidente de la República está facultado para reducir la jornada laboral con un decreto o una Ley Habilitante, la idea de que se trabajarían seis horas por día fue incluida entre los atractivos de la reforma constitucional de 2007.
La mayoría de los venezolanos dijo que no a aquella consulta. Pero de igual forma el Gobierno propició con métodos legales la puesta en marcha de algunos de los puntos rechazados. Eso sí, de trabajar menos horas no se volvió a hablar por un buen tiempo.
Incluso cuatro años más tarde, durante un nuevo acto del 1 de mayo, el mismo presidente Chávez desestimó la posibilidad de reducir la cantidad de horas trabajadas.
“No es conveniente reducir la jornada laboral a seis o a siete horas. ¡No! Trabajemos bien trabajadas ocho horas diarias”, había dicho Hugo Chávez.
Ahora el tema vuelve a la palestra y es, junto a la creación del Fondo Nacional de Prestaciones, uno de los más debatidos dentro de la comisión presidencial que redacta la nueva Ley Orgánica del Trabajo.
Ya un miembro de esa comisión, Antonio Espinoza, adelantó en enero pasado que se analizaba bajar a siete la cantidad de horas diarias.
“Pienso que los trabajadores le temen a esta propuesta porque reduce la posibilidad de horas extras. Esta no afectará el salario, pero sí el monto de la remuneración”, había dicho Espinoza.
En este sentido, también deben destacarse las palabras del especialista en Derecho Laboral Alfredo Araque, quien prefiere referirse a la parte económica y dice: “Si con ocho horas de trabajo se producen determinadas cantidades de productos y de riquezas, con seis se producirá menos”.
Por eso calificó la posibilidad de trabajar menos horas como “un empobrecimiento matemático para la población”.
Con ello coincide el presidente de Fedecámaras Jorge Botti: “Eso siempre tendrá un impacto en la productividad del país”.
Pese a contar con la aprobación de sectores afectos al Gobierno, en el seno del mismo Psuv también hay detractores de la idea que, se ha vuelto bandera de la propuesta del Partido Comunista Venezolano sobre la nueva LOT.
El diputado oficialista Jesús Faría afirma que una reducción del tiempo de trabajo resultaría negativa para la nación.
“Resulta imposible. Una economía retrasada y subdesarrollada lo que necesita es trabajo. Sería insostenible”.
Ante las diversas posturas, Orlando Vera, miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, dijo a Noticias24 que hay un mandato constitucional de propender hacia la disminución de la jornada laboral. La Ley tiene que abordar ese tema. Pero nos hemos encontrado con diferentes opiniones y características.
Escuche la entrevista al diputado Orlando Vera a continuación:
“Se han venido evaluando las alternativas sin llegar aún a una decisión. En ningún caso eso podría afectar el trabajo ni debe poner en crisis a las empresas ni los puestos de trabajo. Yo creo que estamos en una etapa en la que el trabajo debe servir para el desarrollo de la nación aunque no se debe vivir para trabajar sino trabajar para vivir bien”.
LOT por habilitante El 10 de noviembre de 2011, Will Rangel, presidente encargado de la Central Bolivariana de los Trabajadores, solicitó a Hugo Chávez que asumiera el liderazgo de la construcción de una nueva Ley Orgánica del Trabajo.
Fue durante un acto público. El Presidente de la República respondió: “Si ustedes quieren que la hagamos, la vamos a hacer”. El hecho es que la elaboración del instrumento está en curso y se estima su entrega el 1 de mayo.
Hasta ahora, la Comisión Permanente de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional ha recibido 12 mil propuestas de reforma para la LOT, entre las que se encuentran las de Únete y la CTV.
Pero se supone que la última palabra la tendrá el alto gobierno porque fue a través de Ley Habilitante como se le entregó esa facultad al presidente Chávez.
El primer mandatario había anunciado que la base de la ley estaría en la retroactividad de las prestaciones sociales. Sobre esto, el diputado Oswaldo Vera, dijo que tal beneficio recaerá sobre todo trabajador activo, “calculando el número de años en relación al último salario“.
El parlamentario cree que la cantidad de propuestas recibidas demuestra que sí hay debates en torno a la creación de la nueva LOT. “Se garantiza que la ley sea hecha por los trabajadores”.
Sin embargo, es una sola parcialidad la que parece contenta con lo que se está adelantando. Por ejemplo, Fedecámaras rechaza que la ley sea elaborada vía Habilitante.
Jorge Botti sostiene que, después de la Constitución, la LOT es el contrato social más importante del país.
“Es lamentable que desde 1999 el diálogo social previsto en la Constitución y en los convenios internacionales haya estado ausente. Esperamos que ahora sí se logre la concertación”, dijo en nota de prensa.
Dijo Botti luego a los medios de comunicación que formular la LOT a través de la Ley Habilitante viola los acuerdos globales de la Organización Internacional del Trabajo.
Lo cierto es que la información emanada de la Asamblea Nacional todavía no es clara en cuanto a si habrá o no una reducción en la cantidad de horas de la jornada laboral. Mientras tanto siguen llegando propuestas pese a la desconfianza que la Ley Habilitante genera en los sectores no chavistas.
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La propuesta de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo ha abierto la puerta al debate y discusión en todos los sectores. Desde los entes públicos, hasta la empresa privada, esta nueva herramienta jurídica presenta aspectos interesantes y polémicos que Noticias24 Radio tuvo la oportunidad de conocer en detalle con el diputado a la Asamblea Nacional, Oswaldo Vera.
Escuche la entrevista a continuación:
El Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, a través de un contacto telefónico, desmenuzó los aspectos fundamentales de la nueva Ley y reiteró, en varias oportunidades, que “aún está siendo discutida”.
“Estamos todavía en una fase de debate, de recoger propuestas y planteamientos de los diferentes sectores, sobretodo de los trabajadores (…) empresarios y de las universidades”, dijo.
Para el Parlamentario, la necesidad de desarrollar esta reforma viene de la propia petición del pueblo. En este sentido, explicó que la Ley tiene varios puntos fundamentales que ya han sido abordados y discutidos con conclusiones variadas.
El primer punto planteado, una de “las críticas más fuertes”, es la necesidad de “fortalecer el órgano administrativo del Ministerio”, ya que este, según el Diputado, “no cuenta con las herramientas necesarias para hacer cumplir sus mandatos, ni está facultado por la actual Ley”.
Reformando la estructura básica de la cartera ministerial que maneja la materia laboral, se crearía entonces una “necesidad entre los representantes” de ambas partes para que se puedan unir en mesas de diálogo y llegar a acuerdos entre la empresa y el sector de los trabajadores.
Asimismo, abordó otros temas como el despido, la retroactividad de las prestaciones y la reducción de la jornada laboral.
El despido: la necesidad de eliminar el “culpable hasta que se demuestre lo contrario” “Otro reclamo es lo que tiene que ver con la estabilidad. Nadie puede ser despedido sin causa justificada, no es que no puede haber despido (…) esto lo han destacado los trabajadores (…) el procedimiento que se aplica sobre el despido “es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
Escuche la entrevista a continuación:
Vera mencionó que la legislación actual permite despedir primero y justificar esa causa después. “La actual legislación permite el despido injustificado con una remuneración”, mencionó a la vez que señaló el mandato constitucional de abordar el trabajo como un derecho humano.
Por este motivo, “aquí estamos planteando es la necesidad de que la carga de la prueba ahora esté en el fuerte económico, no en el débil como es hasta ahora”.
Sin embargo, dentro del análisis, la realidad, incluso criticada por el Presidente de la República, está en los sistemas burocráticos de algunas instituciones, cuestión que retrasaría el despido justificado de un trabajador que, en ese supuesto, seguiría dentro de la empresa hasta el pronunciamiento del órgano competente.
Al respecto, Vera mencionó que la inactiva estaría llevada junto a la reestructuración del Ministerio para lograr una mayor efectividad.
Periodo de prueba Durante la entrevista el parlamentario se refirió también al periodo de prueba dentro de las empresas, cuestión que ha levantado la voz de algunos sectores indicando una decaída en la fuerza de trabajo una vez superado los tres meses que indica la Ley.
En este sentido, Vera explicó que para lograr la productividad efectiva de la empresa, el trabajador debe tener actitud y conocimiento, pero que, sin embargo, la dinámica de contratación debe cambiar.
“Creemos que en tres meses con actitud y conocimiento” el trabajador puede producir eficazmente. “Estamos planteando la iniciativa desde el punto de vista del trabajo como emancipador, no el trabajo obligado”.
La retroactividad de las prestaciones Otro de los puntos abordados fue la retroactividad de las prestaciones sociales, iniciativa anunciada por el Presidente de la República en meses anteriores. Al respecto, el Parlamentario destacó que esta idea no es nueva, “era un derecho que ya tenían los trabajadores y fue un robada en 1997 para eliminar un beneficio que teníamos”.
Escuche la entrevista a continuación:
Desmintió que la reforma de este punto en particular pueda ocasionar congelamientos de salarios y el cierre de empresas, así como una iniciativa para el despido: “En esa época ni cerraban empresas ni quebraban, en el único momento donde cerraban en el año 2002 y 2003″.
“Estamos planteando una reivindicación donde el trabajo debe ser valorado, el nivel productivo lo dan los trabajadores y eso debe tener una garantía en diferente orden. El salario debe estar acorde a los niveles que desarrollan los trabajadores. Garantía social para trabajar para vivir y no al contrario”, mencionó.
Así, puntualizó que ya se han realizado estudios económicos sobre esta materia, al igual que se han estudiado experiencias pasadas donde la iniciativa ha tenido éxito.
Para Vera, este “derecho de los trabajadores y trabajadoras” fue arrebatado y es necesario un cambio para reestructurarlo. Además, enfocó su análisis desde un punto de vista más humano: el salario no desde el enfoque monetarista, sino como un beneficio por derecho.
La jornada laboral A pesar de haber explicado en detalle el avance de las conversaciones en los puntos anteriores, el Diputado, llegados al punto de la reducción de la jornada laboral, aseguró que no puede lanzar conclusiones definitivas.
Escuche la entrevista a continuación:
“Hay un mandato constitucional que indica que se debe ir a la disminución de la jornada (…) nos hemos encontrado con diferentes opiniones y características cuando hemos conversado con las diferentes tipos de empresas”, dijo.
Vera se refiere entonces la disposición transitoria cuarta, ordinal tercero que reza:
Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho de prestaciones sociales consagrado en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años.
Durante este lapso, mientras entre en vigencia la reforma de la ley seguirá aplicándose de forma transitoria el régimen de la prestación de antigüedad establecido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Asimismo, contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la República.
Por su parte, Orlando Castillo, miembro del Consejo Consultivo de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de la ciudad, el campo y la pesca, opinó sobre este punto y aseguró que “el sentido de la nueva Ley es ratificar los elementos fundamentales que conforman el trípode de la producción”.
Escuche la entrevista a continuación:
Esta tesis, conjuga el salario, la fuerza del trabajo y la jornada laboral. Y en este sentido, explicó que una vez que se mueve uno de estos elementos, se mueven los demás, pero que lo importante es cambiarlos en positivo.
“En Venezuela el estudio de la jornada tienen que empezar a hacerse a través de las diferencias entre sector público y privado (…) habría que estudiar cuál es el impacto en el proceso productivo de servicios”, mencionó.
Él, al igual que Vera, no pudo dar detalles de los avances en esta discusión, pero sí comentó que sería importante comenzar a trabajar en esto de una forma dividida, abordando aquellos sectores que tengan una carga importante en cuanto a la jornada.
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Según publica el diario Ciudad CCS, los miembros de la Comisión Presidencial que trabaja en la elaboración de la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) tienen previsto eliminar el despido injustificado.
El abogado Antonio Espinoza Prieto, miembro de la Comisión Presidencial afirmó que “la Carta Magna es muy clara en el artículo 93, según el cual el despido injustificado es nulo; y en el 89, numeral 4, que establece que todo acto del patrono contrario a la Constitución es nulo y no producirá ningún efecto”.
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Francisco Ibarra Bravo @franibar10
Esta semana nos sorprendió, si es que cabe sorpresa alguna, con la reducción de los precios de ciertos productos. Sería tentador sentarse a escribir sobre lo contraproducente de estas medidas impulsadas por la Sundecop. También es cierto que sería llover sobre mojado, en otro medio comenté que en el comando de campaña de Capriles deben estar celebrando este tipo de medidas pues solo traerán desabastecimiento, políticamente más costoso que la inflación. Ahora, la publicación de los resultados del último censo y las últimas declaraciones sobre la nueva ley del trabajo creo que dan para algo más interesante. Después de todo, salvo en contados círculos radicales, todos estamos de acuerdo que los controles de precios no resuelven el problema de la inflación.
Los resultados del censo confirman que en Venezuela la tasa de natalidad ha venido disminuyendo. La edad mediana, la que divide la población a la mitad, pasó de 18 a 26 años entre los últimos dos censos. A la par de esto ha aumentado el porcentaje de la población en edad de trabajar en lo que se denomina bono demográfico. Esto permitiría menores inconvenientes para que la seguridad social cumpla con las pensiones debido a que cuenta una mayor base de aportes para ello, esto pese a que la edad de retiro sigue sin variar y la esperanza de vida del venezolano llega a más de 74.
Por otro lado, en la AN, inoculados con el mismo virus de los profetas del “precio justo”, han venido avanzando en la agenda para restablecer la retroactividad de las prestaciones sociales. Como si esto fuera poco, al mismo tiempo promueven la reducción de la jornada laboral. Cuando el mundo entero se está cuestionando la sostenibilidad de los esquemas de retiro de contribución colectiva e incluso en algunos países donde se redujo la jornada laboral se está considerando revertir la medida, en la AN aun quedan lumbreras proponiendo lo impracticable en materia laboral.
Sobre la retroactividad, la realidad es que usted no puede sacar más plata de un bolsillo de la que mete. Las prestaciones sociales son pagadas por los empleadores y constituyen un fondo de ahorro de los trabajadores. Lógicamente tendrán un rendimiento producto de las inversiones que con ellas se haga, en la mayoría de los casos en Venezuela un fideicomiso que paga menos que la tasa de inflación. Ahora, pretender que los empleadores, públicos y privados, calculen estas prestaciones de forma retroactiva con el último salario vigente exactamente pretender sacar de un bolsillo más de lo que en este se ha metido. A todas luces es una situación insostenible y que los diputados pretendan volver a esquemas obsoletos le hace un flaco favor a la clase trabajadora venezolana.
Es absurdo que en un país con una tasa de desempleo elevada y una gran porción de la población empleada en la economía informal se estén dando este tipo de debates, en lugar de otros más provechosos sobre como generar empleos formales de calidad. La reforma laboral que este país necesita es una que genere empleo no que haga más costoso y problemático crearlo. Adicionalmente y para conectar con las cifras del censo, el hecho de que exista un bono demográfico y la tasa de natalidad de la población esté disminuyendo indica que en algún momento el país y su esquema de seguridad social entrará en una dinámica similar a la de ciertos países desarrollados. Estos esquemas tienden a ser insostenibles porque de invertirse la pirámide poblacional dejan a un gran número de personas dependientes sobre un número reducido de personas productivas. Si bien Venezuela todavía está lejos de ver su pirámide poblacional invertirse, la disminución de su tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida generan presiones sobe el sistema de seguridad social a largo plazo. Estas presiones en un primer momento podrían ser contenidas aprovechando el bono demográfico y constituyendo un fondo de ahorro, similar al que en EE.UU. se constituyó previendo el retiro de los baby boomers. Lamentablemente, en la AN no vemos a los diputados discutiendo una reforma laboral que tienda a generar empleo de calidad o tomando medidas para proteger y extender el sistema de seguridad social. Si uno quisiera ser cínico diría que lo que están haciendo es viendo la manera como sacarle el mayor provecho posible a su empleo formal de diputado, sin preocuparse de verdad por el problema laboral de las mayorías que no es otro de cómo lograr acceder un empleo formal. Esto solo si quisiéramos ser cínicos, lo más probable es que esto solo sea otra muestra de la escasa capacidad que tiene la actual mayoría parlamentaria para aportar verdaderas soluciones a los problemas del país.
