Fondo de prestaciones será solo para el sector público

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El fondo captará ahorros generados después que la ley entre en vigencia

Mariana Martínez.
elmundo.com.ve



El Fondo de Prestaciones que administrará el Estado será solo para el depósito de estos ahorros pertenecientes a los empleados de la administración pública.


Así lo señaló el diputado Francisco Torrealba, miembro de la Comisión Presidencial, quien aseguró que no está previsto transferir a dicho fondo, los depósito que están en fideicomisos en la banca privada y pública o en la contabilidad de las empresas.


"No existe ninguna amenaza, ni riesgo de que se le vaya a quitar nada a nadie", dijo.


Este Fondo Público de Prestaciones de Antigüedad funcionará para administrar los compromisos que se generen después de entrada en vigencia la nueva Ley, y los que no han sido honrados, explicó el parlamentario a El Mundo, Economía y Negocios.


No obstante, enfatizó el parlamentario que "si alguien en el sector privado cree conveniente meter ahí su dinero podrá hacerlo, o si así los decide algún sindicato en su contrato colectivo. No vamos a negarle opciones a los trabajadores".


En el reglamento o ley especial se definirá el mecanismo de participación del empleado en este fondo, dijo.

Por su parte el diputado Braulio Álvarez, en horas de la mañana había declarado que no se trataba de "una propuesta imperativa del poder de Hugo Chávez" y que la misma se podía mejorar. En su opinión, vale la pena seguir explorándola y darle más seguimiento, porque se trata de una propuesta revolucionaria.
Esta semana seguirán desplegados por el país y será el presidente Hugo Chávez quien anuncie el resultado final de la ley el próximo primero de mayo.

La "guagua" va en reversa
El "ruido" que generó el anuncio de crear un Fondo Público de Prestaciones de Antigüedad que administraría las prestaciones del sector público y del privado, retumbó en la Comisión Presidencial que diseña la "nueva" Ley Orgánica del Trabajo (LOT).

Miembros del alto gobierno recogieron reacciones en todo el país sobre el anuncio que hizo el presidente Chávez.

Los sindicatos oficiales recibieron las quejas de sus agremiados y en muchos casos los líderes recomendaron el retiro de 75% de sus prestaciones, de acuerdo a lo que establece la Ley vigente. Ya esto estaba ocurriendo antes del anuncio del mandatario, pero la razón era el desconocimiento de la Ley y del régimen de prestaciones que se establecerá.

La Sala Situacional entró en emergencia y monitoreó el rechazo que causó en todos los sectores.

La recomendación fue "echar para atrás". El problema era cómo desconocer la voz del "comandante", aunque la opción voluntaria del mismo matiza la rectificación. Pero las fuentes vinculadas al Gobierno reconocieron que no sería la primera vez que el Presidente " retrocede a tiempo".

Siendo el Estado el patrón que más deuda ha acumulado a lo largo de los años, y tomando en cuenta que lo depositado hoy en fideicomisos del sector privado por concepto de prestaciones sociales equivale a la mitad de los pasivos que tiene la Nación con los trabajadores de la administración pública, la duda sobre "qué respalda su dinero y a dónde va a parar" se posa en cada trabajador.

Los miembros de la Comisión Presidencial insistieron en que se trataba solo de una propuesta y que la decisión no estaba tomada.

Esto abría la posibilidad de que no se estableciera como un fondo único, sino que lo dejara para la administración pública, por la necesidad de unificar las cuentas dado el extravío de expedientes y desorden que se ha presentado, sobre todo en los entes descentralizados, que junto al sector Salud y Educación es donde se concentra la mayor parte de la deuda.

Sin temor
Desde el parlamento se señalaba que "en caso de aplicarse la propuesta" aseguraban que los trabajadores no debían tener temor porque todo se manejaría con transparencia, en cuentas individuales. La idea es proteger el cobro oportuno para todos, un eslogan que más bien generó los "ruidos" que obligaron a un cambio de timón.

Otra idea lanzada por el mandatario nacional y reforzada por el Canciller y coordinador de la Comisión Presidencial, Nicolás Maduro, fue la posibilidad de usar los recursos concentrados en este fondo para invertir en la construcción de viviendas y otras áreas públicas. El uso de estos recursos para ejecutar políticas públicas generó aun más desconfianza. Pues aunque han señalado que cualquier inversión debía contar con la aprobación de los trabajadores beneficiarios, representantes laborales y expertos en la materia señalan que este dinero debía estar liquido y a la vista, pues es el respaldo de los anticipos y debe estar disponible al momento en que termina la relación laboral.

Las prestaciones, sagradas para los trabajadores, son de cobro inmediato. A esto se suma, la incertidumbre que generaba el mecanismo de solicitud de prestaciones ante un fondo nacional.

Dada la burocracia que caracteriza a los entes públicos, los trabajadores dudaron de la eficiencia de este mecanismo de manejo colectivo de prestaciones sociales.

Nueva LOT asumirá "aspectos positivos" del régimen actual de prestaciones sociales

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Mariana Martínez Rodríguez.
Carla Betancourt
elmundo.com.ve



El régimen de prestaciones vigente favorece a los trabajadores con una menor antigüedad o menor rotación en las empresas. En esto coinciden analistas y miembros de la Comisión Presidencial.


Se reconocen las bondades del sistema vigente, pero se apela también al mandato constitucional de devolver el cálculo retroactivo de las prestaciones.

El tema de la retroactividad lo determina la misma Constitución, ratificó el diputado Francisco Torrealba en el programa El Mundo, Economía y Negocios que se transmite los domingos por el canal Globovisión.

No hay posibilidades de optar por alternativas distintas, aclaró. Es decir "hay consenso universal, por así decirlo, de que se le devolverá el carácter retroactivo a las prestaciones sociales y extraer las bondades que estén en el régimen vigente, para que al final de cuenta los trabajadores y trabajadoras no tengan nada que perder, sino que puedan salir ganando y recuperar una reivindicación histórica que nos fue robada en 1997 por la llamada Comisión Tripartita y al mismo tiempo consolidando lo que ha sido un derecho adquirido".

Torrealba señaló: "Mantendremos lo mejor de este régimen y devolveremos también lo positivo que era el ahorro, que significaba calcular con el último sueldo percibido y en forma retroactiva al momento del retiro".

Reiteró Francisco Torrealba que "devolveremos la retroactividad pero mantendremos las bondades que están en el régimen vigente que -y no tenemos porque ocultarlo- también tiene unos aspectos positivos, especialmente para los sectores donde se rota mucho, es decir, donde se permanece poco tiempo laborando".

Inflación
Richard Obuchi, economista y profesor del Iesa, coincide con Francisco Torrealba en el sentido de que las personas con menor antigüedad salen favorecidos con el actual esquema.

Dijo que los trabajadores que tienen una antigüedad superior a seis años, se ven más beneficiados con la retroactividad, dado a los niveles de inflación, porque con el cálculo al último salario reciben más dinero, independientemente de los aumentos que obtengan.

En este escenario al patrón privado e incluso a la mayoría de los trabajadores que laboran en ese sector, le conviene mantener el sistema vigente. El promedio de antigüedad es de 7 años, hay una rotación del personal más alta en comparación con la administración pública, donde el promedio de antigüedad ronda entre los 10 y 14 años. En el privado hay más rotación, pues está más sujeto a los ciclos económicos. Esta realidad es igual en otros países.

El estudio de Obuchi sale de correr los escenarios con los datos que proporciona la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde se reflejan los ingresos promedio que reportan los empleados públicos.

Impacto
Obuchi no solo habla de la realidad contable en el bolsillo del trabajador, sino del impacto que tendrá esta decisión en las arcas de la Nación y en las cajas de las empresas privadas. "Más allá de generar una mejor situación para los trabajadores, debe pensarse que esto solo será posible en la medida en que el régimen que se establezca sea sustentable".

Nada se gana con un sistema que en la ley reporte mucho ingreso al trabajador, sin que este tenga una garantía de que ese pago podrá ser honrado a tiempo y en efectivo.
En general, el miembro de la Comisión Presidencia, Francisco Torrealba, señaló que los temas se abordan "con la mayor seriedad" para que no vaya a surtir ningún efecto o impacto negativo en las empresas de bienes y servicios, sean públicas o privadas.

El "robo"
El economista Obuchi señala que el cambio de régimen efectuado en 1997, durante la administración Caldera, benefició a más trabajadores. El sistema retroactivo tenía entre sus efectos negativos "el congelamiento de los salarios".

Dice que tras analizar la permanencia laboral e inflación, el cambio en el sistema "benefició a un grupo mayor de empleados del que salía favorecido frente al anterior". Recuerda que los empleados del sector privado, -que representan 66% del empleo formal-, "ganaron con la reforma", mientras que los empleados del sector público con permanencia promedio de 10 años, y que representan 33% del empleo formal, "perdieron con la reforma".

De esta manera "como política pública el cambio fue acertado, pues se favoreció a un número mayor de empleados del que se beneficiaba con el sistema anterior, a la vez que se generaron condiciones optimas para el aumento de beneficios con impacto salarial y desarrollo de la industria en general".

Posibilidad de prever los pasivos
Entre las bondades del sistema actual y que lo hacen sustentable, Obuchi destaca que en el régimen de prestaciones vigente permite que el monto del pasivo sea conocido. Mientras que las ideas que hablan de retroactividad o calculo, según el último salario, hacen que el pago sea "impredecible".

Esa falta de certeza para planificar las cuentas es, a su juicio, complicado en un país que ha tenido tasas de inflación elevadas y donde los salarios se ajustan, relativamente, en función de este indicador.

La aplicación de la retroactividad genera una obligación que se hace difícil de calcular. En el caso del sector público se trata de una masa de trabajadores importante que tienden a permanecer mucho tiempo en un puesto de trabajo, dado que la actividad económica es menos cíclica.

"Mientras más tiempo tenga un trabajador, mayor la obligación que se genera, y que además se desconoce", dice Obuchi.

Más pasivos y deuda pública
En los escenarios donde se incorpora el cálculo retroactivo al último salario por toda la antigüedad, la deuda en el sector público podría representar en seis años, según los cálculos de Obuchi, un monto superior al aportado por Pdvsa al fisco en 2011, que fue 7% del Producto Interno Bruto.

En el sector privado el impacto también sería duro. La diferencia que señala el economista es que como la antigüedad del trabajador es menor, y estos esquemas impactan más cuando hay mayor permanencia en un cargo, pues sería menos fuerte. "Puede generar problemas en la contratación y aumentos de sueldo. Aunque también hay una parte importante que no está amparada y está en la economía informal".

Al final una modificación del régimen de prestaciones sociales generará cambios en los incentivos al trabajador. "En un ambiente donde ya hay incertidumbre, se va agregar otra, como lo es cuánto va a costar al final el trabajador, esto hará difícil planificar y predecir. El empleador individual no puede controlar ni la inflación, ni lo que ocurre en el país".

Para Obuchi una opción que tendría impacto, no perverso, sería aumentar más días al sistema actual. El problema se presenta con la retroactividad que hace incalculable el pasivo.

Jornada atada a las prestaciones
El impacto que pueda tener una reducción de la jornada laboral, para el economista, está atado al régimen de prestaciones que se establezca.

Si la jornada de un trabajador se reduce en 10 horas mensuales, eso representa un trabajador menos. El cambio en la jornada no puede ser independiente del régimen de prestaciones.

Obuchi asegura que lo que beneficia a los trabajadores es que haya más empleos, más fuentes de trabajo, y considera que eso depende más de las condiciones de inversión que de una ley. Dice que al final lo que más castiga el salario es la inflación.

Los aumentos no mejoran el poder adquisitivo, sino que compensan los efectos inflacionarios.


LOT aumenta vacaciones y bono a 30 días

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En la nueva LOT también se prevé modificar el cálculo para el pago de horas extras y bono por jornada nocturna

ultimasnoticias.com




La nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) le dará al trabajador 30 días continuos de vacaciones y 30 días de bono vacacional adicional al mes de salario normal que corresponda por el tiempo de disfrute.

En la ley vigente, se establece que el trabajador puede disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones luego de cumplir un año ininterrumpido de funciones para un patrono. A partir del segundo año, comienza a sumar un día adicional por año de servicio hasta llegar a un máximo de 15 días adicionales.

Con el cambio de la ley, el trabajador no tendrá necesidad de acumular, sino que disfrutará de sus 30 días continuos desde el primer año. La reforma le hace ganar nueve días.

Más bono. Además, se modifica el pago del bono vacacional. En la actualidad, la ley establece que cuando un trabajador sale de vacaciones, recibe su salario normal como corresponde y adicional a eso se dan en el primer año siete días de salario como bono vacacional.

Ese bono también incluía un acumulable de un día de salario adicional por año de servicio hasta llegar al tope de 21 días de salario como bono de vacaciones; para llegar a ese techo, tendría que tener 14 años de servicio para un patrono.

La nueva ley establecerá que el bono vacacional que se pagará adicional al salario que corresponda al período de disfrute será de 30 días adicionales para todos los trabajadores, sin el régimen acumulativo. De esa manera, el trabajador tomará 30 días continuos de disfrute y un mes de salario, más un mes de bono vacacional.

Otros cambios. En la nueva LOT también se prevé modificar el cálculo para el pago de horas extras y bono por jornada nocturna.

Fuentes del Ejecutivo han señalado la necesidad de hacer ajustes en esos beneficios que se le dan al trabajador, pues consideran que están desfasados de la realidad del país.
En el caso de la tercerización, la ley plantea eliminarla y sólo permitirla para actividades que no sean propias de la actividad de la empresa que requiera el servicio.

En esos casos, entran comedores, servicios de vigilancia, mantenimiento, asistencia médica y cualquier otro tipo de oficio o servicios que no tenga relación directa con la actividad que desempeña el negocio o empresa.

La nueva LOT ha prometido continuar con la progresividad de los derechos.